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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia que ha promovido la Comunidad de Madrid frente al Gobierno central por la modificación del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación (RBE), ayuda al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes menores de 30 años. El Ejecutivo regional considera que la normativa estatal invade las competencias exclusivas que el orden constitucional atribuye al Gobierno regional en materia de vivienda. El conflicto positivo de competencia presentado por la Comunidad no significa que el Gobierno regional haya solicitado la suspensión de las ayudas, sino, únicamente, que se reconozcan las competencias exclusivas que en materia de vivienda detenta la Comunidad de Madrid. Ha sido el propio vicepresidente y portavoz del Gobierno madrileño, Ignacio González, quien lo ha anunciado tras el Consejo de Gobierno. Ha comunicado que el Tribunal Constitucional notificó a la Comunidad el 29 de septiembre que admitía a trámite la impugnación que ésta presentó el pasado mes de julio sobre la modificación del Real Decreto que regula la RBE que acordó el Ministerio de Vivienda. La Comunidad presentó este conflicto positivo de competencia después de que el Consejo de Ministros rechazara el requerimiento de incompetencia interpuesto por la Comunidad en junio por la modificación ministerial del Real Decreto que regula la RBE. Ahora, según explicó González, el Tribunal Constitucional admite a trámite y traslada a su Sala Segunda el conflicto positivo de competencia presentado por la Comunidad en relación con la derogación del Real Decreto (366/2009) que modifica otro Real Decreto (1472/2007) por el que se regula la RBE. Tras comunicar su decisión a las partes, el Tribunal Constitucional insta al Gobierno de la nación a que presente, en el plazo de 20 días, las alegaciones que considere oportunas. En opinión del Gobierno regional, con el Real Decreto modificado subsisten los motivos del conflicto de competencias promovido por la Comunidad de Madrid y se sigue vulnerando el orden constitucional de competencias. El Ejecutivo autonómico considera que el Gobierno central no sólo se extralimita en sus competencias sino que condiciona la política de vivienda de la Comunidad de Madrid e impone obligaciones a las Comunidades Autónomas para asegurar la aplicación de la RBE. Fuente: enalquiler.com
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